La Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) publica una investigación sobre el caso que denomina Marina Kue, ocurrido el 15 de junio de 2012 durante el enfrentamiento en el que murieron campesinos y policías. La introducción y el informe en PDF.
Asunción – 20Medios- 29/Diciembre/2012
El caso que enlutó a familias paraguayas y luego propició el juicio político que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de la República es presentado en un informe de investigación que revela hechos que la historia oficial no cuenta ni acepta públicamente.
CODEHUPY explica que para la elaboración del reporte se hizo uso de metodologías de investigación de las ciencias sociales, en particular técnicas descriptivas y exploratorias orientadas a proveer descripciones sobre características de las víctimas de los eventos de Marina Kue, de los hechos sucedidos y de las percepciones de las víctimas de estos eventos, así como la actuación institucional del Estado antes, durante y después de los sucesos del 15 de junio de 2012.
El informe – se detalla- cuenta con fuentes documentales, entrevistas a informantes y testigos, observaciones de campo, análisis de la función de la prensa escrita,cuenta el tratamiento de los sobrevivientes y heridos, el abandono de cadáveres, torturas y abusos policiales, entre otros.
En este espacio reproducimos de manera íntegra la introducción del libro que fue publicado y también está disponible en versión PDF.
«El 15 de junio de 2012, durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierra en el distrito de Curuguaty (departamento del Canindeyú, en el noreste del Paraguay), se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes, con el resultado de once campesinos y seis agentes de policía muertos y un número aún indeterminado de heridos por arma de fuego. Este incidente generó una situación de crisis de derechos humanos que rápidamente se transfirió a una crisis política de efectos perdurables que, como consecuencia inmediata, conllevó la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo Méndez y el quiebre del orden democrático constitucional instaurado en el 2008, tras la victoria electoral de una alianza política compuesta por sectores democráticos de centro derecha y de izquierda, al que se sumaban además organizaciones sociales.
Cuatro años después de la primera alternancia por vía electoral, faltando nueve meses para las próximas elecciones generales, producto de esta crisis institucional disparada por el catalizador del caso Marina kue, se disuelve la alianza política que había sustentado al gobierno de Lugo y se produce una reconfiguración de fuerzas políticas conservadores, aliadas a intereses corporativos del agronegocio en el control del aparato administrativo del Estado. La reforma agraria, una de las principales promesas electorales del proyecto democratizador del 2008, era el telón de fondo de su crisis terminal y su caída.
El grave incidente represivo ocurrido el 15 de junio de 2012 se inscribe un patrón de violencia estatal e impunidad judicial que la CODEHUPY ya ha investigado y denunciado fundadamente. Desde del 2004 la CODEHUPY estableció un Equipo de Trabajo con el objetivo de investigar y denunciar las ejecuciones extrajudiciales de miembros de organizaciones campesinas en el contexto de la lucha por el derecho a la tierra, en circunstancias que hacen presumir responsabilidad del Estado y generalizada impunidad, hecho que constituye una de las amenazas más graves a la vigencia de los derechos humanos en Paraguay. En esta iniciativa, se denunció un patrón de 77 ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas entre 1989-2005.
En junio de 2007 CODEHUPY publicó el Informe Chokokue que documenta y denuncia este patrón de violaciones y en noviembre de ese año el Informe fue presentado al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El informe concluye con una agenda programática de 14 puntos, adoptada por la CODEHUPY como plataforma de acción institucional para realizar justicia y reparar a las víctimas, evitando que los hechos continúen repitiéndose crónicamente.
Durante el periodo posterior al cubierto por el Informe Chokokue (2005 en adelante), los casos de ejecuciones arbitrarias, torturas y criminalización de la protesta social continuaron perpetrándose a medida que el conflicto agrario se desarrollaba. Estos hechos fueron recogidos en los informes “Derechos Humanos en Paraguay” correspondientes a los años 2005-2011 y demuestran que persistió el patrón de respuestas represivas al problema social derivado de la inequitativa estructura de tenencia de la tierra, incluso con posterioridad a la salida del partido Colorado del Poder Ejecutivo en el 2008.
Sin embargo, el caso Marina kue marca un punto de quiebre con las situaciones anteriores, que lo ubican en un caso sin precedentes. En primer lugar, la violencia del enfrentamiento, expresada en el número de víctimas fatales y heridos indica una situación creciente de protesta social, con la consecuente violencia represiva estatal.
En segundo lugar, todas las consecuencias políticas que se derivaron del caso, hacen que los distintos relatos de los hechos que los diferentes actores ponen en circulación en el debate público estén altamente contaminados, en desmedro del derecho de la sociedad y de los familiares de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido y en incumplimiento de la obligación estatal de garantizar una investigación oficial exhaustiva, inmediata e imparcial, conforme a sus obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos.
Atendiendo a la naturaleza de los hechos acaecidos (privación de la vida de varias personas, uso de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lesiones graves en consecuencia en perjuicio de civiles, derivación en enjuiciamientos criminales de posibles víctimas y testigos de los hechos, etc.), es evidente y necesario reforzar la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, lo cual supone que el Estado debe iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando para ello todos los medios legales disponibles. La investigación debe estar orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables.
En el derecho internacional de los derechos humanos son reconocidas las comisiones prejudiciales de investigación como herramientas fundamentales para la realización del derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad. Experiencias similares a la constitución de este tipo de comisiones se han tenido en casos similares como la matanza de Bagua (Perú) y la masacre de Eldorado dos Karajas (Brasil), que fueron conformadas previamente y de forma independiente de las investigaciones de carácter judicial que se abrieron con posterioridad sobre las conclusiones emitidas por las comisiones. En muchos casos, las comisiones independientes de investigación constituyen un complemento a la acción judicial ordinaria del Estado, en el sentido de no dejar todo el proceso de recolección de evidencias y testimonios en manos de las entidades oficiales o de los funcionarios que deberán ser sometidos a investigación posterior.
Sin embargo, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno surgido con posteridad a la destitución de Fernando Lugo Méndez, supuso la desactivación de una comisión independiente que tendría a su cargo la investigación de los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012 en Curuguaty, medida para la cual el Gobierno había solicitado la asistencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente de facto Federico Franco anunció la desactivación de la comisión y que el caso sería esclarecido únicamente por la investigación conjunta de la Policía Nacional y del Ministerio Público, las dos instituciones estatales que estuvieron involucradas en los hechos (ABC Color, 2012b).
Al haberse desactivado una comisión independiente de investigación impulsada por el Poder Ejecutivo, y no existir otra iniciativa encaminada al esclarecimiento total e imparcial de los sucesos acontecidos en Curuguaty, resulta imperioso que desde la sociedad civil se encamine una investigación independiente de carácter no oficial que tenga por propósito el esclarecimiento de los hechos en la medida de lo posible, de modo a realizar en parte el derecho de la sociedad en su conjunto y de los familiares de las víctimas en particular, a conocer lo sucedido.
La CODEHUPY, en el marco de su misión institucional de defensa de los derechos humanos y asumiendo su compromiso histórico con el tema resolvió iniciar una investigación no oficial sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el caso Marina kue. Esta investigación no tiene el propósito de esclarecer qué pasó en Curuguaty, en términos jurídicos y penales. Es un informe que narra hechos, documentándolos con pruebas. No se hacen conjeturas ni formulan especulaciones o hipótesis improbables. Se relatan sistemática y ordenadamente los eventos sucedidos en este caso, con el debido respaldo documental o testimonial que sustenta y confirma su veracidad.
Su objetivo consiste únicamente el de investigar, esclarecer y documentar en la medida de lo posible los hechos acaecidos el 15 de junio de 2012 durante el desalojo de la ocupación de Marina kue, en particular las circunstancias que hacen presumir responsabilidad del Estado en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
Los objetivos específicos de esta investigación son:
– Conocer y documentar con precisión y exhaustivamente las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el desalojo de la ocupación de Marina kue, el 15 de junio de 2012, sus antecedentes y sus consecuencias inmediatas.
– Obtener y preservar testimonios, y todos los elementos probatorios para denunciar adecuadamente este caso ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
– Facilitar el ejercicio de la defensa legal de personas que pudieran ser eventualmente víctimas de acciones penales vinculadas a este caso, en el marco de estrategias de criminalización de la protesta social y campesina.
– Monitorear el derecho a la información ecuánime, responsable y veraz a la luz de lo publicado por la prensa sobre el caso.
– Promover el uso y la circulación de un relato independiente, fundado, objetivo y con perspectiva de derechos humanos, sobre este hecho en la sociedad paraguaya.
La investigación de campo fue desarrollada por un equipo técnico multidisciplinario que estuvo coordinado por Hugo Valiente e integrado por Marco Castillo, José Tomás Sánchez, Alberto Simón, Claudio Rolón, Enrique Morosini, Perla Álvarez Brítez y Basilio Franco. Como asistentes en el trabajo de análisis cualitativo y cuantitativo de las noticias de prensa colaboraron Silvana Oneto y Diana Zalazar. El informe fue revisado, validado y aprobado por el grupo de trabajo sobre criminalización de la CODEHUPY. La investigación contó con el apoyo económico de Diakonía – Acción Ecuménica Sueca, IEPALA y OXFAM.
A más de cinco meses de los sucesos de Marina kue, la sociedad paraguaya en su conjunto interpela insistentemente con la pregunta “¿Qué pasó en Curuguaty?”. Es un derecho de la sociedad paraguaya conocer la verdad de lo sucedido. Es una obligación jurídica del Estado paraguayo esclarecer el caso y saldar la deuda con todas las personas que murieron y con sus familiares. Con todas las que fueron heridas, torturadas o detenidas injustamente por este caso. Es una obligación jurídica del Estado garantizar a todas las personas un juicio justo, sin perseguir arbitrariamente a personas inocentes.
La CODEHUPY denuncia el conjunto de violaciones a los derechos humanos que se dieron en este caso y demanda al Estado paraguayo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos de Marina kue».
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