Un Tribunal Ético conformado por ciudadanos condenó al Congreso paraguayo por “mal desempeño” en sus funciones, y por “extralimitarse en sus funciones constitucionales”. Para el Congreso, la condena no tiene ningún peso.
Asunción -20Medios – 23/Noviembre/2012
Los parlamentarios “han incurrido en mal desempeño de sus funciones, derivadas de violaciones sistemáticas a las disposiciones constitucionales y legales, por lo que se debe declarar a los senadores y diputados como personas no gratas al Pueblo Paraguayo“, señala parte de la sentencia del Tribunal Ético ciudadano que condenó al Congreso paraguayo, en una sesión realizada en una plaza pública por 12 horas.
El Tribunal Ético, presidido por el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, e impulsado por la Plataforma de de Organizaciones Sociales por la Democracia, deliberó en la Plaza de la Democracia de Asunción el jueves 22, y consideró lo siguiente:
“Los senadores y diputados, como miembros del Congreso nacional, se han extralimitados en sus funciones constitucionales utilizando las facultades con las cuales están investidos en beneficio de intereses particulares, sin considerar el interés colectivo, al cual les obliga la primera parte de la Constitución Nacional en su artículo 128, que expresa que en ningún caso el interés particular primara sobre el interés general. En consecuencia se concluye han incurrido en mal desempeño de sus funciones, derivadas de violaciones sistemáticas a las disposiciones constitucionales y legales, por lo que se debe declarar a los senadores y diputados como personas no gratas al Pueblo Paraguayo…”.
Entre las acusaciones contra los legisladores se encuentran la falta de interés de investigar el caso de la masacre en Curuguaty que derivó en el juicio político al presidente Fernando Lugo en junio pasado. Además, los sistemáticos mecanismos de protección utilizados por los parlamentarios para evitar ser investigados por diferentes tipos de denuncias.
Además, según detalla el sitio E’A, por “la utilización indebida de la figura constitucional del Juicio Político para destituir, sin pruebas, obviando las formas procesales elementales y la presunción de inocencia del acusado, al presidente Fernando Lugo; no dar respuesta a los reclamos de los pueblos originarios por recuperar sus territorios ancestrales. Asimismo, otro motivo para la condena es el abusivo tratamiento del proyecto de presupuesto general de gastos remitido por el Ejecutivo, que han inflado sin límites”.
Una marcha por la liberación de los presos por el caso Curuguaty, realizado por las calles de Asunción fue parte del cierre de las deliberaciones y condena del Tribunal Ético, conformado por organizaciones sociales, no gubernamentales y movimientos de izquierda.
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